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lunes, 20.10.2025
El exjugador del Valencia CF, Gonzalo Villar, actualmente en las filas del Dinamo de Zagreb, ha sido condenado a indemnizar a su antiguo representante con 554.700 euros por resolver unilateralmente el contrato que los unía antes de su finalización. Así lo establece una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Murcia, que además le obliga a abonar los intereses legales generados desde enero de 2022, fecha en la que se presentó la reclamación por incumplimiento contractual.
La resolución judicial considera probada la existencia de una cláusula en el contrato que fijaba que, en caso de rescisión anticipada por parte del futbolista, este debería pagar el 10% del valor total del acuerdo a su representante. Gonzalo Villar decidió romper el vínculo en junio de 2021, lo que ha derivado ahora en la condena.
El juez, sin embargo, no ha estimado íntegramente la demanda, ya que el representante pedía una indemnización superior, de 1,1 millones de euros, en concepto de lucro cesante y daño emergente, extremos que finalmente fueron desestimados.
En la sentencia se apunta que los hermanos Villar no pudieron acreditar un incumplimiento grave de las obligaciones del agente. Ambos declararon que habían perdido la confianza en él al considerar que no los promocionaba adecuadamente, pero el juzgado considera que esa pérdida de confianza no justifica la ruptura unilateral.
Asimismo, la resolución destaca que los jugadores firmaron posteriormente contratos de indemnidad con su nuevo representante, lo que, según el juez, evidencia que eran conscientes de que podían producirse reclamaciones legales.
Por otro lado, el juzgado absuelve a Javier Villar, hermano del futbolista condenado y actual jugador del Albacete Balompié, que también había sido demandado por el mismo motivo. En su caso, el tribunal entiende que no puede ser considerado responsable, ya que era menor de edad cuando firmó el contrato y sus padres desconocían la existencia de la cláusula de penalización.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia.
